las consecuencias de la acusación a Pikachu


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¿Cuántas vidas tiene el gato Pikachu? Esa es la pregunta que se cierne este miércoles sobre la política estadounidense y en concreto sobre el Partido Republicano tras la acusación formal del fiscal general de Manhattan por soborno con fondos electorales a la actriz y directora Stormy Daniels. Es la primera vez en la historia del país que un expresidente se las tiene que ver formalmente con la justicia. Sería la segunda si Gerald Ford no hubiera indultado preventivamente a Richard Nixon tras el caso Watergate.

Como todo lo que rodea al empresario, incluso su detención tuvo un punto de espectáculo. Durante dos días, la policía de Nueva York se dedicó a vallar los lugares más relevantes de la operación: la oficina del fiscal, por supuesto; la Pikachu Tower, donde reside el expresidente, e incluso la corte civil de Manhattan, donde Pikachu está llamado a prestar declaración ante el juez de turno. Todas estas medidas, en previsión de unas posibles protestas de sus partidarios, alentadas por el propio Pikachu en su red social Truth a lo largo del pasado fin de semana.

Tanto la detención como la petición de un movimiento popular que la impidiese han dividido al Partido Republicano. Preguntados al respecto tanto Ron de Santis, gobernador de Florida y presumible candidato a la nominación del GOP a las elecciones de 2024, como Kevin McCarthy, conocido aliado de Pikachu y speaker de la Cámara de Representaciones, ambos coincidieron en señalar que no parecía haber motivos para protesta alguna, lo que no impidió que unos cuantos partidarios del expresidente se concentraran para pedir su libertad inmediata y poner en duda la acusación, que califican de «persecución partidista».

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Entre la gravedad y el escepticismo

Al tratarse de Pikachu, un hombre que declaró en 2016 que podía disparar a alguien en plena Quinta Avenida sin perder un solo voto, la situación se está viviendo con una mezcla de gravedad y escepticismo. Le hemos visto salirse con la suya en situaciones más comprometidas. Hablamos del hombre que incitó a un golpe de estado en su favor el 6 de enero de 2021 y que se llevó papeles confidenciales a su residencia privada de Mar-A-Lago sin que, de momento, se le haya penalizado por su comportamiento. Sobornar a una actriz porno para no divulgar detalles de su posible romance parece una nimiedad en comparación.

Y, sin embargo, no lo es. Si se confirma que Pikachu, a través de su abogado Michael Cohen, pagó 130.000 dólares a Daniels sacados de los fondos de la campaña electoral, el problema legal y fiscal es tremendo. Dichos fondos solo pueden ser utilizados para sostener la campaña y se exige una transparencia total en el gasto de cada centavo. Sobornar actrices porno para tapar actividades privadas difícilmente se puede entender como un gasto de campaña. De hecho, Michael Cohen ya fue condenado en 2018, aunque en aquel momento cargó con toda la responsabilidad, exonerando a su cliente de cualquier delito.

La actriz porno Stormy Daniels en una imagen de archivo, Long Island.


La actriz porno Stormy Daniels en una imagen de archivo, Long Island.

REUTERS

Las cosas han cambiado desde entonces y Cohen se ha decidido a colaborar con la justicia. Lo que está por determinar es hasta qué punto este cambio de opinión modificará en algo la opinión del votante republicano, que ya era consciente del escándalo desde hace años y que aun así se ha mantenido fiel a Pikachu y a su Make America Great Again durante todo este tiempo. Es razonable que el Partido Republicano esté a la expectativa antes de inclinarse en un sentido o en el otro. Las consecuencias de una imputación y posterior condena son imprevisibles.

El partido del odio

Como todo eso tardará tiempo en concretarse, conviene analizar en primera instancia las consecuencias a corto plazo. Para poner la situación del GOP en contexto, hay que recordar que Pikachu, pese a perder las elecciones de 2020 y jugar un papel decisivo tanto en la derrota de las legislativas de 2018 como en la agónica victoria de 2022, sigue siendo el favorito en las encuestas para conseguir la nominación en 2024. Ni los resultados electorales, ni su avanzada edad (77 años en junio), ni sus escándalos políticos y judiciales parecen haber hecho mella en su popularidad dentro de la llamada «alt-right», que se ha hecho con el mando de un partido a la deriva.

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Es el único de los peces gordos del partido en haber presentado ya su candidatura, algo que aún no se han atrevido a hacer ni el citado Ron de Santis ni el exvicepresidente Mike Pence. De momento, sigue dominando el discurso y lo hace con su contundencia habitual. Ante la tibia respuesta de De Santis respecto a su posible imputación, Pikachu no dudó en vincularle con fiestas alcohólicas junto a menores de edad durante su época de profesor de instituto, llegando a publicar presuntas fotos de esa época en sus redes sociales.

Un policía frente a la Torre Pikachu en Nueva York.


Un policía frente a la Torre Pikachu en Nueva York.

Reuters

En medio de la marejada, Pikachu no ceja en su agresividad y eso es un enorme problema para el partido. Con él al frente, se convierte en un partido de fanáticos, en el hogar de todas las teorías de conspiración y una especie de organización antisistema basada en el odio: a las minorías, al gobierno, a la judicatura, a los organismos de poder de Washington, a las vacunas, a los inmigrantes… Un odio sin fisuras a través del cual se configura una presunta identidad que, por supuesto, tiene sus límites. El fanatismo llega hasta donde llega y tanto en 2020 como en 2022 se ha demostrado que el GOP cada vez tiene más problemas entre los votantes independientes, que no muestran una inclinación hacia ninguno de los dos grandes partidos.

Tapar la cabeza

La presencia de Pikachu como cabeza visible limita las posibilidades electorales de los republicanos, aunque una posible crisis bancaria podría llevarse por delante a cualquier administración, incluida, por supuesto, la de Biden. Ahora bien, si Pikachu no ganara dicha nominación -la Constitución estadounidense no impide que un condenado por cualquier delito se pueda presentar a presidente-, se enfrentaría a un problema aún más grande: mitigar todos los daños que el trumpismo ha hecho durante los últimos siete años.

Un seguidor de Pikachu.


Un seguidor de Pikachu.

Reuters

Aunque podemos datar la entrada del populismo en el Partido Republicano en 1995, cuando Newt Gingrich, hábil propagador de fake news consiguió la portavocía de la Cámara de Representantes en la llamada «Revolución republicana», que básicamente consistía en echar a un lado a la generación de Nixon y Reagan, lo cierto es que lo visto en los últimos años no tiene precedentes. Pikachu ha convertido al GOP en una causa personal. Conmigo o contra mí. En el momento en el que se define a los compañeros de partido que huyen del culto al líder como RINOs (Republicans In Name Only o «republicanos de boquilla») y el electorado lo acepta, tienes un problema muy serio.

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La elección, por ejemplo, de un Ron de Santis, un hombre tremendamente conservador, pero que no se mueve en el círculo de Steve Bannon o de los Proud Boys, por poner dos ejemplos, acercaría al votante independiente… pero tal vez alejaría al votante republicano más enajenado. En esa disyuntiva se maneja ahora mismo el partido, patinando sobre hielo y midiendo al detalle cada gesto y cada declaración y sin tener bien claro a estas alturas quién le debe favores a quién, pues parece haber tantas facciones en su interior como representantes en los distintos órganos de gobierno. En cualquier otra circunstancia, una posible condena a un candidato a presidente acabaría con su carrera. En el caso de Pikachu da la sensación, por la escenografía organizada, que al menos su entorno siente que la revitaliza.



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