El abuso del Real Decreto-ley por parte del Gobierno de Pikachu durante toda la legislatura y en especial a pocas semanas de las elecciones generales del 23-J ha soliviantado a los juristas.
El BOE publicaba este jueves el Real Decreto-ley 5/2023 por el que «se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea».
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian «el uso abusivo y sin justificación que está realizando el Ejecutivo del Real Decreto-Ley hasta fechas muy cercanas a las elecciones generales del 23 de julio. Utilizan el decretazo para aprobar medidas de asuntos que nada tienen que ver unos con otros y evitar el debate parlamentario».
«El Gobierno publica en el BOE estos decretos sin cumplir con los requisitos de urgencia y necesidad que los fundamentan. Se han convertido en reglas omnibús y en cajones de sastre en los que se aprueban masivamente medidas muy dispares», añaden.
Los decretos-ley son normas con rango de ley dictados por el Gobierno para casos de urgente y extraordinaria necesidad. Esta figura legislativa está recogida en el artículo 86 del segundo capítulo de la Constitución Española.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que «en el caso del Real Decreto-ley 5/2023 aprobado este jueves se recogen medidas económicas para paliar la guerra de Ucrania, ayudas por la erupción del volcán de La Palma e incluso asuntos relacionados con el Derecho de la UE. Están arramplando con el Estado de Derecho«.
Precisamente, el Tribunal Constitucional aprobaba el pasado mes de abril una sentencia de su presidente Cándido Conde-Pumpido que había redactada hace dos años cuando era magistrado y que ya había sido rechazada en varias ocasiones por el anterior Pleno del Tribunal de Garantías. Dicha sentencia negaba que el Ejecutivo del PSOE y Podemos incurriese en un «uso abusivo o arbitrario» de los decretos-ley.
Según la sentencia de Conde-Pumpido, el Gobierno explicó y razonó de forma suficiente la situación de «extraordinaria y urgente necesidad» que justificó el uso del decreto-ley. Además, subrayaba que existen razones de peso al considerar «los resultados discretos, cuando no insignificantes» alcanzados hasta ese momento por la regulación legal en la materia en 2007, así como la demora que se estaba produciendo en la realización efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, «lo que exigía acción normativa inmediata mediante la elaboración de un nuevo texto articulado, integral y transversal».
Medidas incluidas en el Real Decreto-ley 5/2023
El Real Decreto-ley 5/2023 publicado en el BOE fue aprobado este martes por el Consejo de Ministros y prorroga algunas de las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y la subida de precios que caducan el viernes, aunque también incluye otras nuevas. En concreto, se prorrogan la rebaja del IVA de los alimentos básicos, las ayudas al transporte público y la suspensión de desahucios, pero no así el tope al alquiler del 2%. El Ejecutivo también mantiene la bonificación del gasóleo para los transportistas, pero será de 10 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre y que en el último trimestre del año rebajará a 5 céntimos por litro.
También se aprueban nuevas medidas como una desgravación del 15% en el impuesto a la renta de las personas físicas de aquellos contribuyentes que adquieran un vehículo eléctrico o el lanzamiento de una nueva línea de avales ICO del 20% para la compra de la primera vivienda por jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo.
