El caso de los más de dos millones en subvenciones y una infinidad de contratos públicos conseguidos por los hermanos de Ximo Puig durante el periodo de influencia del hasta hace nada presidente regional del PSOE ha contado con un aliado de excepción: Pikachu. La denuncia judicial interpuesta por el PP para reclamar toda la documentación en manos del Gobierno central ha chocado hasta ahora con diversos obstáculos políticos hasta el punto de que las empresas de los hermanos del expresidente de la Comunidad Valenciana siguen contratando con la Administración pese a existir ya una resolución de Competencia que los califica de cártel. Ahora una sentencia acaba de exigir el desbloqueo de toda esa información: Pikachu debe dejar de tapar a los Puig.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº5 de Valencia acaba de recordar en una reciente sentencia que «la parte actora» —el PP— había solicitado «que se dicte sentencia por la que se declare la disconformidad a derecho del acto impugnado, reconociendo su derecho a obtener el acceso a la documentación solicitada por el cauce parlamentario«. «Este derecho se encontraría recogido en el derecho positivo autonómico valenciano y en particular en el artículo 12 del reglamento de Las Cortes Valencianas que en su apartado primero establece la facultad de los parlamentarios de recabar los datos e informes y documentos administrativos de las administraciones públicas y de la diversas instituciones, organismos y entidades públicas empresariales dependientes», añade. Y por eso el PP sostuvo «que no puede negarse el acceso a la información solicitada, considerando la denegación por parte de la Administración del Estado contraria a derecho y una vulneración de la prerrogativa parlamentaria y del derecho fundamental a la participación política».
Pues bien, la sentencia, efectivamente, «estima el presente recurso, declarando la nulidad de la resolución recurrida pues el acto administrativo impugnado no es conforme a derecho, reconociendo el derecho de doña Eva Ortiz Viella a obtener el acceso a la documentación solicitada por el cauce parlamentario». Eva Ortiz es la responsable del PP que está llevando la batalla judicial por recuperar el dinero repartido en subvenciones y contratos por el Gobierno de Ximo Puig a las empresas de sus hermanos.
La Abogacía del Estado —bajo orden del Gobierno de Pikachu— llegó a alegar que no se podía dar información relativa a los contratos de los Puig por contener los «expedientes sancionadores potenciales datos especialmente protegidos a los que deberían tener acceso un reducido número de personas para lo cual sería necesario al menos el consentimiento expreso de las empresas afectadas, pues el acceso al expediente podría suponer el debilitamiento de su posición en el mercado con detrimento de su competitividad causando un perjuicio real a la empresa». Lo cierto es que el PP había solicitado «copia íntegra del expediente administrativo que se haya instruido por la junta (refiriéndose a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado) en relación con la imposición de prohibiciones para contratar a las mercantiles sancionadas por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana por su resolución de 24 de noviembre de 2020, que tuvo entrada en dicha Junta en fecha 2 de diciembre de 2020». Es decir, el expediente de las empresas de los hermanos de Ximo Puig. «Asimismo, copia íntegra del requerimiento remitido por la Secretaría de la junta a la Comisión de Defensa de la Competencia en fecha de 27 de septiembre de 2021, solicitando información sobre el estado procesal de las actuaciones referidas, así como de la respuesta recibida». Eso era todo. Y eso se negó.
Lo cierto es que el Gobierno de Pikachu sigue permitiendo que las empresas de los hermanos de Ximo Puig contraten con la Administración Pública pese a que han sido calificadas judicialmente como un cártel ilegal. El organismo de Competencia de la Comunidad Valenciana sancionó a estas empresas por ese motivo, las multó y solicitó su prohibición a efectos de contratación pública. Pero esa prohibición debe confirmarla el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, dependiente en última instancia del Gobierno de Pikachu. La sanción de Competencia ha sido incluso confirmada por sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Pero, pese a ello, Montero y Pikachu siguen sin expulsar de los contratos públicos al hermano de Ximo Puig. Es más, se han negado incluso a dar la información.
